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Título : La utopía del carácter vinculante de la consulta previa en la constitución ecuatoriana
Autor : García Falconí, José Carlos
Jácome Tapia, Mónica Raquel
Palabras clave : SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
DERECHOS HUMANOS
CONSULTA PREVIA
CARÁCTER VINCULANTE
Fecha de publicación : 2014
Editorial : Quito: UCE
Citación : Jácome Tapia, Mónica Raquel (2014). La utopía del carácter vinculante de la consulta previa en la constitución ecuatoriana. Tesis previa a la obtención del Título de Abogada. Carrera de Derecho. Quito: UCE. 137 p.
Resumen : En este estudio se hará un análisis respecto a la contraposición existente entre el poder que tiene el Estado para la administración y control de los recursos no renovables y la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas como derecho constitucional, a partir de las base conceptuales, constitucionales, normativas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos alusivos al tema. Esta trama tan trascendental, no lo es únicamente para nuestro país, en la actualidad en toda américa latina el derecho a la consulta previa que nace a partir de la Convención 169 de la OIT, ha pasado a ser una herramienta legal que denota un gran potencial que abre espacios para el diálogo y la percepción de las comunidades humanas involucradas; así pues, varios países latinoamericanos han ratificado este convenio y han tratado de reglamentarlo con el fin de concretar los procedimientos del proceso de la consulta. Ecuador por ejemplo, aprobó la ley que reglamenta la consulta previa e informada a comunidades indígenas y tribales, en procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos. Sin embargo, es curioso encontrar como en Constituciones de los Estado latinoamericanos, incluido el nuestro, se presentan debilidades y si se puede decir arbitrariedades de acuerdo a cada país. Así, nuestra Constitución contempla dicho derecho en su artículo 57 numeral 7, no obstante a manera de complemento seguidamente menciona que de no obtenerse el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la Ley, caso similar lo podemos encontrar en el proyecto de Ley de Minería en Bolivia en el que se contempla la consulta previa; sin embargo, se aclara que los indígenas no tendrán derecho a vetar la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios, en Colombia los diferentes aportes en cuanto al tema promueven una reglamentación necesaria para que la consulta previa tome la seriedad que merece y que de alguna manera la reivindique y deje de ser vista como “el palo en la rueda del desarrollo”; Perú también ha generado sus análisis frente al proyecto de Ley de Consulta Previa y su alcance frente a la autonomía de las comunidades ante el Estado. No está por demás mencionar que el gobierno ecuatoriano a través de la Subsecretaria de Hidrocarburos promovió la realización de la “consulta previa” con la promulgación del Decreto Ejecutivo 1247 que sin embargo, no contó con la participación de las pueblos y nacionalidades indígenas como lo manda la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Nación Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Sarayaku versus Ecuador”.
In the current research an analysis shall be made in respect to the counter position existing between the State power for the administration and control of non-renewable resources and the prior, free and informed consultation to indigenous peoples and nationalities as a constitutional right, supported by conceptual, constitutional bases, regulations and international instruments on human rights on the subject, The right to prior consultancy started from ILO Convention 169, has become a legal tool with a great potential to open spaces for dialogue and perception of involved human communities. Several LatinAmerican countries have confirmed such a covenant and have tried to provide it with a regulation, in order to execute procedures for the consultation. Ecuador’s Constitution contains such a right in its Art. 57, numeral 7; nonetheless, as a complement, it is stated that in case no consent has been obtained from the surveyed community, actions will be taken in accordance to the Constitution and the Law. The Ecuadorian government, through the Hydrocarbons Sub-secretariat promoted the conduction of the “prior consultation”, through the issuance of the executive decree 1247; however, indigenous peoples and nationalities were not involved, as provided in the Constitution and ILO Covenant 169.
URI : http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5138
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